En los últimos meses, hemos podido leer noticias en prensa relativas al crecimiento del número de licitaciones publicadas, tanto por organismos autonómicos como organismos estatales.
Prueba de ello es el artículo publicado en noviembre de 2019, en la plataforma digital de Interempresas, en el que exponen los datos estadísticos facilitados por la Asociación de Empresas y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), donde dejan de manifiesto un incremento del casi 25% en licitación pública (de enero a octubre de 2019), con respecto al año anterior, reflejando un mayor crecimiento en las licitaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas (del 61,8%), destacando la de la Comunidad de Madrid, seguida de la de Cataluña y de Andalucía.
Las licitaciones en el sector servicios
Si bien son datos referidos al sector de obra pública, se podría también extrapolar el crecimiento experimentado de las licitaciones en el sector de servicios, si observamos el número de licitaciones publicadas diariamente; en concreto, nos referimos al sector de Auditoría o de Consultoría Informática, fundamentalmente, en el que los organismos públicos persiguen conseguir una mayor transparencia sobre la información económica y presupuestaria, desarrollando trabajos de revisiones financieras o de controladores de primer nivel, o incluso trabajos dirigidos a la mejora de la calidad de sus procedimientos de control interno, ofreciendo los servicios de asistencia técnica para el desarrollo de los mismos.
Los motivos del incremento
Algunos de los motivos de este crecimiento que cabría plantearse podrían estar basados en la llamada de atención manifestada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente) sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Dicho organismo ha puesto de manifiesto en su memoria del 2018, cierta debilidad o falta de transparencia en el sector público, por la falta de información u omisión de información económica, de gestión e informe de auditoría o fiscalización en bastantes instituciones públicas. Esto origina una mayor sensibilización de estas entidades para mejorar su imagen y, por otro, la necesidad de adaptar su estructura y procesos a los nuevos avances tecnológicos.
Las empresas privadas y el mercado del sector público
Este nuevo escenario permite que las empresas privadas puedan acceder al mercado del sector público, ofreciendo sus servicios profesionales y conocimientos adquiridos, fruto de la experiencia y trayectoria desarrollada durante años, desarrollando el trabajo con rigor y metodología adecuada a las necesidades de cada Entidad.
La preparación de la documentación requerida en cada licitación depende del objeto del contrato en cuestión, si bien suele ir dirigida a obtener un mayor conocimiento de la empresa licitadora y siempre cumpliendo con la Ley de Contratos del Sector Público vigente en España (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). Esta nueva normativa, ha permitido simplificar los trámites en el proceso de la licitación, ofreciendo una menor burocracia y logrando, incluso, tener acceso a las PYMES. En contraposición, esta Ley ha endurecido la normativa relativa a las denominadas “ofertas anormalmente bajas”, exigiendo o estableciendo ciertas garantías de cumplimiento del contrato.
Esperemos, por ello, que la colaboración con el sector público continúe en el futuro en beneficio de todos.
* Sonia Martín es Directora en el Área de Auditoría
