La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) podrá contratar empresas privadas de auditoría por falta de medios para hacer frente al plan de auditorías y control de subvenciones públicas de 2013.
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 25 de septiembre de 2012 se ha publicado la Orden HAP/2017/2012, del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, por la que se declara “la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado para cumplir con alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías para 2013 y en el Plan de Control de Fondos Comunitarios 2012-2013”, con lo que se autoriza al organismo público a recabar la ayuda de auditoras privadas para realizar esta tarea.
El ministro de Hacienda ha dictado dicha Orden, en la cual se explica que la Intervención General de la Administración del Estado, como viene ocurriendo en años anteriores, carece de medios suficientes para hacer frente, en los plazos previstos, a algunas de las actuaciones de control y auditorías previstas en ambos planes.
Por este motivo, en caso de insuficiencia de medios y por razones de eficiencia técnica y organizativa para cumplir con los objetivos de ejecución de dichos planes queda justificado que Hacienda pueda contratar determinadas actuaciones de control a empresas privadas de auditoría, siendo necesario para ello la publicación de una Orden del Ministerio de Hacienda.
En la Ley General Presupuestaria se establece la obligación por parte de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de algunos Organismos autónomos, de las Entidades Públicas Empresariales, de Entidades Estatales de Derecho Público, los Consorcios contemplados en el artículo 2.1.h) de la Ley, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y los Fondos considerados en el artículo 2.2 de la Ley que rindan cuentas independientes, las Fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica y las Sociedades Mercantiles Estatales y las Fundaciones del sector público estatal no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan Anual de Auditorías.
Según se indica en esta Orden , se autorizan la celebración de estos contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo de vigencia superior a un año en aquellos trabajos de control o auditoría que tengan carácter periódico y recurrente.
Con la publicación de esta Orden Ministerial, se amplían las posibilidades de actuación de las empresas privadas de auditoría, como Audalia, en la realización de trabajos específicos de colaboración con la Administraciones Públicas
