Contar con una estrategia de cumplimiento legal es vital para las empresas y sus administradores si quieren evitar problemas penales.
En 2010, España reformó el código penal en el que se hace responsable a los administradores y directores de las empresas de las irregularidades que pudieran desembocar en crimen. Anteriormente, la responsabilidad recaía sobre el individuo que cometía la infracción, pero según la reforma realizada en la normativa española los últimos responsables serán los administradores, independientemente de si estuvieran o no implicados.
La reforma del código indica que las compañías que cuenten con un sistema efectivo de prevención y detección de este tipo de situaciones, verán reducida su responsabilidad y la de sus administradores, aunque estos términos eran algo vagos y de difícil aplicación.
Plan de cumplimiento efectivo
En 2015 entró en vigor una rectificación del código penal aclarando esta situación atenuante: si la empresa cuenta con un procedimiento para la detección y eliminación de irregularidades anterior a la fecha del delito, la responsabilidad de la empresa y sus administradores se verá reducida o eliminada.
La Fiscalía General del Estado ha emitido una Circular oficial con instrucciones específicas asesorando sobre los planes de cumplimiento efectivos que conducirían a la reducción o eliminación de la responsabilidad para la empresa y sus administradores.
Para las empresas españolas y sus administradores, actualmente las reglas están más claras a la hora de implementar procedimientos de cumplimiento legal que alcancen los requerimientos adecuados para las características y tamaño de cada empresa.
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