Tus signos distintivos necesitan una revisión

El asesoramiento preventivo es un servicio esencial, no sólo por el valor añadido que aporta, sino también por los conflictos y costes que puede llegar a evitar. Por ello, es de vital importancia revisar los activos de propiedad intelectual e industrial de una empresa.

En efecto, las marcas y signos distintivos constituyen un activo muy valioso, por cuanto definen algo tan importante como la imagen de la compañía y la calidad de los productos o servicios ofrecidos al público. Generalmente los quehaceres del día a día nos impiden mirar hacia adentro para cuidar de aquellas cosas que en definitiva nos permiten ser lo que somos. Es imprescindible revisar este asunto y, en Audalia, proponemos hacerlo de la siguiente manera:

• Identificación de los signos distintivos de su empresa.

• Asesoramiento sobre la conveniencia de registro de los que no lo estén.

• Verificación del estado de los registrados.

• Identificación de signos distintivos susceptibles de protección.

Esto le permitirá:

• Obtener una opinión profesional sobre los signos distintivos de su empresa.

• Conocer su situación en esta materia.

• La posibilidad de obtener una mayor protección de los elementos que le distinguen en el mercado.

La verificación de los puntos anteriores puede poner de manifiesto la conveniencia o necesidad de determinadas actuaciones profesionales. En Audalia Abogados conocemos bien la importancia de proceder de forma correcta, revise sus signos distitivos.

20 años de Protección de Datos en España

Hace unos días, la Agencia Española de Protección de datos (en adelante AEPD) ha celebrado la jornada “20 años de Protección de Datos en España”. En ella, se conmemora el veinte aniversario de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD) contando con la presencia, entre otros, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como del director de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez.

Desde la entrada en vigor de la LORTAD, como acontecimientos más relevantes, podemos señalar la creación de la AEPD, la Directiva Europea de Protección de Datos, la sucesora de la citada ley, es decir, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional, que determinó la naturaleza de derecho fundamental de la protección de datos.

En este acto se pusieron de manifiesto diferentes criterios ante un planteamiento común; de un lado, el Ministro Gallardón alertó que “un celo excesivo en la protección de datos puede ser malo para las empresas”, mientras que el Director de la AEPD señaló que existen empresas que recurren “todas las decisiones en los tribunales para evitar reparar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, mientras añadía que la protección de datos “lejos de constituir un obstáculo a la innovación, es necesario para generar confianza” en las nuevas tecnologías.

Por otro lado, el Ministro también incidió en la importancia de la AEPD por la eficacia que ha acreditado tener como órgano independiente encargado de velar por la protección de datos personales, que no deja de ser un derecho fundamental, de especial transcendencia por su contribución a la dignidad de la persona y sobre el que todos debemos sensibilizarnos y tomar consciencia de los riesgos que se pueden derivar del mal uso de la tecnología.

En este mismo acto, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, hizo hincapié en la actuación que lleva a cabo la AEPD, tanto por su transparencia, como por su labor de concienciar al ciudadano de que también tiene derechos en internet, destacando que “el enorme valor que tiene transmitir información no debe ser conseguido a costa de una pérdida de control sobre nuestros datos”.

En cualquier caso, según las palabras del Director de la AEPD, podemos afirmar que en esta materia España va por buen camino, dado que se ha convertido en un “referente internacional que está siendo tomado como modelo en varios países latinoamericanos”.

Otra cuestión distinta es si realmente están nuestros datos protegidos en internet… La otra cara de la moneda es que pese a tener la legislación y herramientas suficientes para ello, aún existen muchas empresas que se resisten a informar a sus usuarios acerca de sus modificaciones en política de privacidad. A este respecto, la directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica defiende que “el consentimiento es una exigencia muy aceptada, pero si queremos tener servicios comunes, los datos deben circular de una manera responsable”.

Desde Audalia Abogados, aunque si bien coincidimos con el Ministro de Justicia, en el sentido de que llevado a los extremos puede resultar perjudicial o cuanto menos engorroso para el normal funcionamiento de una empresa, máxime cuando es cada vez más frecuente que las empresas operen por internet y sea continuo el flujo de datos personales, lo que sí es cierto, es que es un aspecto sobre el que aconsejamos tener especial cuidado, ya que en el último año se han duplicado las denuncias recibidas por la Agencia Española de Protección de Datos y las sanciones van desde los 900 € por las infracciones leves, tales como la no remisión de las notificaciones previstas en la ley o incumplir con el deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal, hasta los 600.000 € por las infracciones muy graves, como puede ser la recogida de datos de forma fraudulenta o ceder datos que revelen ideología, religión, o hagan referencia al origen racial, la salud y la vida sexual, así como los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas.

En definitiva, la protección de datos, viene a ser un aspecto más de los diversos de índole administrativa, de los que una empresa ha de cuidar, y que se alinea con deberes como los de tipo fiscal, blanqueo capitales, compliance, etc, y son un ejemplo de la tendencia autoregulativa de origen europeo y que últimamente opera en España en descargo de la Administración Pública.

* Patricia Sálamo es Abogada de Audalia Abogados

Actualización de balances

Muy señores nuestros:

Como probablemente conozcan, el pasado 28 de diciembre se ha publicado la ley 16/2012, que entre otras medidas tributarias, en su artículo 9, establece la opción de realizar una actualización de balances, para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español a través de un establecimiento permanente.

Dichas operaciones de actualización deberán realizarse entre el 28 de diciembre de 2012 (o la fecha del cierre del balance), y el día que termine el plazo para su aprobación, o bien el plazo para autoliquidar el IRPF del 2012 en el caso de personas físicas.

Los elementos actualizables corresponden al inmovilizado material e inversiones inmobiliarias en su conjunto, excepto en el caso de inmuebles, en el que se puede optar por actualizar o no de manera independiente cada uno de ellos. Se les aplica un coeficiente establecido en dicha Ley en función de su antigüedad

El gravamen único será el 5% sobre el saldo acreedor de la reserva de revalorización que debe surgir de la actualización, realizándose la amortización del nuevo valor a partir del primer periodo impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2015.

En función de las circunstancias de cada Sociedad, y a pesar del gravamen único, puede resultar interesante realizar dicha actualización.

Estamos a su disposición para poder comentar este asunto, y en su caso asesorarle sobre la conveniencia o no de realizar dicha actualización.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

AUDALIA

Información de activos en el extranjero

El pasado jueves 31 de enero se publicó en el BOE el modelo 720 con entrada en vigor el día 1 de febrero. Con este modelo, las personas jurídicas y las personas físicas, que sean residentes en España, y los establecimientos permanentes en nuestro país de no residentes deben de informar a la Hacienda española cuando sean:

1- Titulares o autorizados de cuentas en el extranjero con un saldo conjunto superior a 50.000 euros.

2- Titulares de valores, acciones, seguros de vida, bienes inmuebles u otros activos situados o depositados en el extranjero, también por un importe conjunto superior a 50.000 euros.

Los titulares jurídicos deben de informar, al igual que los titulares reales, cuando controlen o posean más del 25%. Están excluidos de informar cuando se informa con suficiente detalle en la contabilidad oficial de la entidad residente.

El plazo de presentación, que es por internet, es desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril para el ejercicio 2012. A partir de este año, será desde enero a marzo.

En caso de incumplimiento se dan las siguientes circunstancias:

– Omisión de datos o datos erróneos: 5.000 euros con un mínimo de 10.000 euros.

– Si el elemento no se declara el valor del bien se considera como ganancia patrimonial no justificada, tributando al tipo marginal. En este caso, no se tiene en cuenta los años de prescripción.

– Además la sanción es del 150% de la cuota resultante e intereses de demora.

La puesta en marcha de estas medidas, discutibles por las desproporcionadas sanciones que castigan un mismo hecho tres veces, la no prescripción de los hechos, entre otras consideraciones jurídicas, establece una fecha límite, el 30 de abril , para regularizar a los contribuyentes que tengan activos en el extranjero. Después, no se podrá acreditar el origen del activo situado en el extranjero.

Quedamos a su disposición para colaborar con ustedes, si les aplica de alguna forma esta normativa.

Atentamente,

Santiago Alio

* Santiago Alió es Socio Director de Audalia

Sistema de Notificaciones telemáticas de la Seguridad Social

La Seguridad Social, siguiendo la estela de Hacienda, que para este tipo de cosas suele ser pionera, va a incorporar en un plazo sucesivo y gradual, la necesidad de iniciar las comunicaciones por vía telemática a través de su web de la Seguridad Social, en el apartado de sede electrónica.

Las empresas deberán acreditarse con su certificado digital, que se gestiona a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como receptoras de notificaciones, en la sede electrónica de la web de la Seguridad Social, y podrán autorizar tanto a apoderados de empresa, como a autorizados administrativos a gestionar su código cuenta de cotización.

En dicho sistema, se busca lograr una notificación administrativa más ágil, no sólo en los procesos de notificación de deudas en periodo voluntario, sino también en vía de apremio y recaudación ejecutiva, así como el ahorro en costes que generan las notificaciones administrativas.

En el mismo portal web de la Seguridad Social en su sede electrónica, se comenta tanto el plan de implantación, así como la necesidad de inscribirse en el portal de notificaciones.

Según se vaya desarrollando y especificando más este plan de implantación lo iremos comunicando en sucesivos posts.

* Borja Prieto es Gerente del Área de Asesoría Laboral