La actual situación económica, marcada principalmente por el incremento del déficit de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, el aumento de la tasa de paro, el aumento de la morosidad y la reducción del consumo nos hace pensar en un factor que todos estos efectos de la crisis económica tienen en común: las empresas.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2011, el 99,88% de las empresas españolas eran Pymes. Siendo estas las que están sufriendo con fuerza los efectos de la crisis económica.

Cada vez son más las que se ven obligadas a cerrar sus puertas, ante la imposibilidad de hacer frente a sus problemas de financiación o a la reducción de sus ventas. Esto trae como consecuencia la mayor parte de los efectos de la crisis mencionados anteriormente: paro, morosidad, reducción del consumo….

El origen de los principales problemas a los que se están enfrentando estas empresas es el difícil acceso a fuentes de  financiación.

La financiación propia de su circulante resulta una tarea imposible. Muchas de ellas se encuentran con ciclos de caja positivos, es decir, los pagos a proveedores y acreedores se producen antes que los cobros a clientes. Lo que obliga a buscar financiación adicional para su activo corriente.

Sin embargo, la obtención de financiación ajena tampoco es una tarea fácil. Los bancos tienen cortado el acceso al mercado interbancario y se encuentran inmersos en un proceso de saneamiento de balances, provocando que la concesión de créditos se vea limitada, reduciendo considerablemente la oferta de los mismos.

El acceso a la financiación, se encuentra condicionado al endurecimiento de las condiciones de los créditos. Según el BCE, el coste de los préstamos, se sitúa en torno al 6.5% (préstamos de hasta 1 millón de euros), mientras que en Alemania, es de un 4,04%.

Además, se ha producido un aumento de las exigencias de avales y garantías, al mismo tiempo que los plazos de devolución de la financiación se han visto reducidos.

Todo esto obliga, a que aquellas empresas que quieren tener acceso a fuentes financiación ajena, se vean obligadas a presentar  información más precisa y relevante.

Esta circunstancia está jugando un papel cada vez mas importante a la hora de contratar los servicios de un auditor, ya que aunque la mayoría de estas empresas no se encuentran obligadas a auditar sus cuentas al no superar los límites establecidos en la Ley de Auditoría, sí pueden recurrir a la auditoria voluntaria con el fin de alcanzar una mayor transparencia ante las entidades de crédito.

Por otro lado, con el hecho de tener sus cuentas auditadas logran mejorar  la imagen de la propia empresa, aportando un mayor valor añadido a la misma y permitiendo un acercamiento a otros agentes económicos. 

* Marta Domínguez es Auditora en el Área de Auditoría