Compliance y blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales

El Gobierno ha modificado la Ley 10/2010 de “Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” con el fin de incorporar las obligaciones establecidas por la Directiva 2015/849.

Es evidente que además de los riesgos sociales y económicos que genera el blanqueo de capitales, este tipo de actividad delictiva puede conllevar daños reputacionales relevantes para todos aquellos agentes, financieros y empresariales, que pueden verse implicados.

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Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público

LCSP

El pasado 8 de noviembre se publicó la nueva ley de los contratos públicos 9/2017 (LCSP), y que entró en vigor el pasado 9 de marzo. Esta nueva legislación transpone dos Directivas Europeas del Parlamento y del Consejo del año 2014.

¿Cómo aplica esta nueva ley?

Su ámbito subjetivo de aplicación se extiende al sector público, Administración Pública y además a los poderes adjudicadores, que deben seguir los mismos procedimientos que la Ley prevé para la Administración.

Otra novedad es la inclusión, dentro del ámbito subjetivo de la ley, de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones profesionales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas, siempre que su financiación sea mayoritariamente pública. No obstante, el alcance de la Ley es muy limitado para dichos sujetos, ya que únicamente les obliga a actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.

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Cómo implantar un sistema de Compliance Penal eficaz

PiesLa reforma del Código Penal de principios de 2015 desarrolló los requisitos para poder considerar idóneo un sistema de Compliance Penal, que permitiese eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Circular de la Fiscalía General del Estado junto con las diversas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en estos dos años han venido a clarificar los aspectos más controvertidos de la reforma.

La norma UNE 19601 de “Sistemas de Gestión de Compliance Penal”, aprobada en mayo de 2017, es la guía a seguir por cualquier organización que decida implantar un sistema de Prevención y Detección de delitos.

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