El fallo del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal

El pasado 16 de febrero el Tribunal Constitucional dictó una sentencia por la que se declaraba inconstitucional la norma foral del País Vasco en relación a la plusvalía municipal siempre que el inmueble se hubiera vendido con pérdidas.

La plusvalía municipal es un tributo que grava el incremento de valor que han sufrido los inmuebles durante los años –entre un mínimo de 1 y un máximo de 20- en que el propietario ha sido titular del mismo y que toma como referencia para su cálculo el valor catastral.

Hasta el momento, todo aquél que transmitiera el inmueble estaba obligado a liquidar este impuesto, independientemente de que hubiera obtenido una ganancia o una pérdida en la transmisión.

No obstante, y como consecuencia de la crisis económica que ha venido atravesando nuestro país en los últimos años, se han venido dando numerosos casos en que los inmuebles urbanos no sólo no se han revalorizado sino que incluso el valor de los mismos ha disminuido.

Es por ello que el Tribunal Constitucional considera que no es legal imponer un tributo cuando no se ha producido una ganancia económica ya que se vulnera el principio de capacidad económica, necesario para la aplicación de cualquier tributo y que la Constitución garantiza.

La Sentencia ha cobrado una especial relevancia puesto que los ayuntamientos se verán obligados a devolver los importes ingresados por este tributo en los periodos que todavía no han prescrito (4 años). La fecha que inicia este plazo de prescripción es la del pago del impuesto.

Aunque sea ésta una Sentencia que resuelve un caso de jurisdicción foral, se entiende que el mismo razonamiento jurídico puede ser aplicable al ámbito estatal ya que ambas normas en cuanto a plusvalía municipal se refiere, son similares.

* Cristina Estévez es Senior Tax Advisor
en el Área de Asesoria

News by Nexia International – Responsabilidad penal en las empresas en España

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Contar con una estrategia de cumplimiento legal es vital para las empresas y sus administradores si quieren evitar problemas penales.

En 2010, España reformó el código penal en el que se hace responsable a los administradores y directores de las empresas de las irregularidades que pudieran desembocar en crimen. Anteriormente, la responsabilidad recaía sobre el individuo que cometía la infracción, pero según la reforma realizada en la normativa española los últimos responsables serán los administradores, independientemente de si estuvieran o no implicados.

La reforma del código indica que las compañías que cuenten con un sistema efectivo de prevención y detección de este tipo de situaciones, verán reducida su responsabilidad y la de  sus administradores, aunque estos términos eran algo vagos y de difícil aplicación.

Plan de cumplimiento efectivo

En 2015 entró en vigor una rectificación del código penal aclarando esta situación atenuante: si la empresa cuenta con un procedimiento para la detección y eliminación de irregularidades anterior a la fecha del delito, la responsabilidad de la empresa y sus administradores se verá reducida o eliminada.

La Fiscalía General del Estado ha emitido una Circular oficial con instrucciones específicas asesorando sobre los planes de cumplimiento efectivos que conducirían a la reducción o eliminación de la responsabilidad para la empresa y sus administradores.

Para las empresas españolas y sus administradores, actualmente las reglas están más claras a la hora de implementar procedimientos de cumplimiento legal que alcancen los requerimientos adecuados para las características y tamaño de cada empresa.

Audalia Nexia se engloba dentro de la red global Nexia, que cuenta con oficinas en más de 100 países; 2.700 socios y una plantilla profesional de unos 16.500 empleados, apoyados por un staff administrativo de más de 4.800 personas.

Esta plataforma global presta servicio a las crecientes necesidades internacionales de los clientes.

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¿Quieres reclamar una deuda sin ir a juicio?

imagen-post¿Quieres reclamar una deuda sin acudir al Juzgado? ¿Has recibido un requerimiento de pago de deuda por un notario?, Contacta a tu Abogado.

 La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, que modificó diversas materias con una clara tendencia hacia la desjudicialización, ha introducido novedades en la Ley del Notariado en materia de reclamación de deuda.

Desde su entrada en vigor, existe un procedimiento extrajudicial para reclamar deudas, que cumple una función muy similar al procedimiento monitorio.

Su utilidad radica en ser una opción más ventajosa en términos de costes-tiempo respecto a la vía judicial a través del proceso monitorio.

Conforme a ello, es posible requerir al deudor por vía notarial, de tal forma que, una vez recibido ese requerimiento si no contesta o no alega los motivos de oposición al pago dentro del plazo de 20 días hábiles, el acta notarial tendrá la consideración de título ejecutivo ex artículo 517.2.9º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por tanto podrá instarse el embargo de los bienes del deudor.

En la práctica esta vía de reclamación extrajudicial, viene a suponer un considerable ahorro de tiempo puesto que se evita la tramitación del procedimiento monitorio, que bien puede suponer entre 7 y 9 meses, aproximadamente.

Claro está que en el caso de oposición del deudor, debe iniciarse el juicio declarativo correspondiente, si bien, habiendo agilizado sobremanera la reclamación.

A día de hoy esta vía de reclamación extrajudicial está vedada, entre otras, a las deudas contraídas por los consumidores, sin embargo, es plenamente válida en el tráfico entre empresas.

Desde Audalia Laes Nexia Abogados les ofrecemos nuestro asesoramiento y asistencia letrada bien sea Usted acreedor dispuesto a utilizar esta vía con las ventajas que conlleva, o bien ocupe una posición deudora y haya recibido un requerimiento de pago vía notarial.

* Elvira Bianqui es Abogada del Área de Audalia Legal

Jornada sobre Compliance Penal el 27 de abril

complianceEn AUDALIA NEXIA, nos gusta tenerle informado de todas las modificaciones en temas legales, por eso, queremos invitarle a una jornada en la que daremos a conocer la reforma del código penal referente a la Ley 1/2015 de 30 de marzo.

La Ley 5/2010 de reforma del Código Penal introdujo un marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ha venido a ser ampliado y desarrollado por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio de 2015. Esta modificación exige a las empresas implantar un MODELO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS.

Si quieres conocer todos los detalles sobre la reforma del código penal referente a dicha Ley no puedes perderte la jornada que AUDALIA  NEXIA organiza el miércoles 27 de abril en el hotel NH Eurobuilding de Madrid (Calle de Padre Damián, 23, 28036 Madrid).

El encuentro, que tendrá una duración aproximada de una hora y media, dará comienzo a las 9:00 de la mañana y culminará con un coffee.
Por motivos de aforo limitado, rogamos confirmación de asistencia en la siguiente dirección de correo electrónico: compliance@audalianexia.com.

Para más información pinche en los siguientes enlaces:

COMPLIANCE I

COMPLIANCE II

Esperamos contar con su inestimable visita.

Atentamente,

AUDALIA NEXIA

 

compliance Audalia

 

 

¿Es seguro el cloud computing para mi empresa?

cloud computing empresasSon indudables las ventajas prácticas que para las empresas supone el almacenamiento en la nube (cloud computing), sin embargo también existen inconvenientes que deben ponderarse a la hora de decidirse por estos servicios. A continuación te informaremos de todos los inconvenientes que supone almacenar tus datos de empresa en la nube.Leer más

Nueva modificación de Ley de Sociedades de Capital

Ley Sociedades CapitalEl 29 de abril de 2015 ha entrado en vigor la Ley 5/2015 de 27 de abril de fomento de la financiación empresarial. En Audalia te explicamos a continuación en que consisten las medidas de esta nueva modificación de Ley de Sociedades de Capital.Leer más

Ley 31/2014: Reforma Ley Sociedades de Capital

Recientemente ha entrado en vigor la Ley 31/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Esta Ley introduce importantes modificaciones que afectan a las sociedades anónimas y limitadas así como al resto de sociedades de capital (cotizadas y no cotizadas).

Las novedades alcanzan a determinados aspectos de la Junta general así como al órgano de administración, con lo que inciden de pleno en la vida ordinaria de la sociedad.

Desde Audalia abogados hemos elaborado una nota informativa sintetizando y estructurando los puntos esenciales de la reforma (ver texto completo).

Igualmente y por tratarse de uno de los aspectos que más se ha visto más afectado por la ley, hemos elaborado una nota informativa sobre la remuneración de los administradores (ver texto completo).

Pros y contras de Ley 21/2014, de 4 de Noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la ley de propiedad intelectual

El pasado 5 de noviembre de 2014 fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La citada Ley, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas 2011/77/UE del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, y 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

Tal y como se deduce de lo expuesto en la exposición de motivos de la citada ley, y tras anunciar una reforma integral de la Ley de Propiedad intelectual a corto plazo, las citadas novedades legislativas se justifican, en el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de la información y de las redes informáticas descentralizadas, que han tenido un fuerte impacto sobre los derechos de propiedad intelectual.

Las novedades recogidas en esta ley pueden agruparse en tres bloques:

I. La revisión del sistema de copia privada.

Conforme a ello, dejan de estar amparadas bajo el límite de copia privada, las reproducciones para uso profesional o empresarial, reproducciones a partir de soportes físicos que no sean propiedad del usuario, incluyéndose aquellas no adquiridas por compraventa mercantil y mediante comunicación pública, salvo las reproducciones individuales de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública. De acuerdo con la nueva regulación, estas reproducciones, cuando carezcan de autorización, devienen ilícitas y no podrán ser objeto de la compensación equitativa. La compensación equitativa se realizará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y el pago se realizará a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Por último, en cuanto a la cita y reseña e ilustración con fines educativos o de investigación científica, en lo relativo a la obra impresa, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica, ha de estar siempre sujeta a autorización. No se alterará la regulación de la cita e ilustración de la enseñanza, salvo en el supuesto de obras en forma de libros de texto, manuales universitarios y publicaciones asimiladas, así como respecto a obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, a partir de ahora no se circunscribirá solo a las aulas, sino que se contempla de manera general para cubrir otros tipos de enseñanza como la enseñanza presencial y en línea.

II. El diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de propiedad intelectual.

Se introduce un catálogo de obligaciones de las entidades de gestión para las Administraciones Públicas y asociados, y en concreto con la rendición anual de cuentas. Se incluye un cuadro de infracciones y sanciones que permitan exigir a las entidades de gestión responsabilidades administrativas por el incumplimiento de obligaciones legales, se delimitan los ámbitos de responsabilidad ejecutiva de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, y se modifica la regulación de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, ampliando sus competencias e incluyendo la determinación de tarifas y el control de las mismas para que sean equitativas y no discriminatorias.

III. El fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital.

Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, introduciéndose la posibilidad de solicitar a los prestadores de servicios de la sociedad de la información datos que permitan identificar a los presuntos infractores.

Por otro lado, dentro del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se prevé que será responsable como infractor quien induzca dolosamente la conducta infractora, quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor.

Asimismo, se dota de mecanismos más eficaces de reacción frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de servicios de la sociedad de la información que no cumplan de manera voluntaria con los requerimientos de retirada que le sean dirigidos por aquella. Además, en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada, los prestadores que vulneren derechos de propiedad intelectual serán sancionados administrativamente. Los prestadores de servicios que vulneren estos derechos, facilitarán la descripción o la localización de obras o prestaciones que se ofrezcan sin autorización, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica.

La introducción de estas novedades legislativas en el ordenamiento jurídico, es del todo controvertida, en cuanto a que vetan en internet una práctica tan común como es el acto de compartir contenidos y el uso de enlaces, gravando este tipo de prácticas a través de una compensación irrenunciable o canon a favor de los autores de contenidos con finalidad informativa.

Esto puede parecer bien o mal, depende del ángulo por el que se mire, es indudable, que debido al rápido crecimiento de las tecnologías digitales de la información y redes informáticas, se hace irremediablemente necesario adaptar las leyes a esta nueva situación. En concreto nos referimos a poner freno al intercambio de información de manera masiva sin tener en cuenta las fuentes y los autores de dichas obras, así como, crear más seguridad jurídica, dotando de cierta protección a los titulares de estas y evitar un aprovechamiento continuo del trabajo ajeno mediante la difusión de las mismas, a través de compartir contenidos y el uso de enlaces.

Sin duda lo anterior, junto con el endurecimiento del régimen sancionador para las vulneraciones que se produzcan en este campo, ayudará a combatir el “todo vale” en este tipo de prácticas. Sin embargo, no podemos obviar, el hecho de que se extiende el concepto de infractor para cualquier persona que tenga un sitio web, y facilite enlaces a sitios que sean susceptibles de autorización y del consiguiente pago del canon, por lo que todos podemos ser infractores en este sentido. Además, el hecho de que los titulares de estas obras, dispongan de un derecho irrenunciable a percibir el mismo, indudablemente afectará de manera exponencial a que los editores de los medios enlazados, puesto que se reducirá en gran medida el trafico derivado de este tipo de prácticas a sus sitios web, y por consiguiente, de los beneficios que puedan derivarse del mismo a los titulares de las páginas enlazadas. De igual forma, en el ámbito de la enseñanza, y en concreto de las universidades, influirá negativamente en los costes en los necesariamente deberán incurrir, en cuanto al uso de citas de autores en sus campus virtuales, lo que se desconoce si acabará teniendo una repercusión económica en el bolsillo de los estudiantes.

* Elvira Bianqui es Abogada del Área de Audalia Legal

Estafa en nombre de Antonio Crespo Abogados / Fraud in Antonio Crespo Lawyers name / Betrug im Namen von Antonio Crespo – Rechtsanwalt

Recientemente hemos tenido conocimiento que alguien está usando el nombre de Antonio Crespo – Abogados para cometer una estafa ofreciendo una herencia fraudulenta.

Consiste en el envío de una carta, generalmente por fax, que utiliza el apellido del destinatario. Básicamente se indica que una persona (de la misma nacionalidad que el destinatario de la carta) que trabajaba en España falleció en accidente habiendo dejado un importante saldo en una entidad bancaria. El remitente se dice abogado del fallecido e indica que de no presentar a ningún familiar del fallecido, el banco bloqueará el saldo.

El estafador, tras disculparse por si la carta es contraria a la moral del destinatario e indicar que parte de lo que se recaudará se destinará a beneficiencia, ofrece compartir dicho saldo.
Los pasos siguientes serán la toma de datos y la solicitud de fondos.

Algunas víctimas son incluso contactadas por teléfono por una persona que habla alemán con acento español.

Este fraude ha sido denunciado ante las autoridades españolas.

Antonio Crespo es un abogado español que nada tiene que ver con este fraude.

Todos los datos de identidad consignados en esa carta son ficticios.

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Recently we have become aware that someone is using the name of Antonio Crespo – Lawyers to commit a scam offering a fraudulent inheritance.

It consists in sending a letter, generally by fax, using the last name of the recipient. It basically indicates that a person – of the same nationality as the letters addressee – who worked in Spain died in an accident having left an important balance in a bank. The sender explains that he is the deceased´s lawyer and indicates that of not presenting any relative the bank will block the balance.

The scammer, after apologizing if the letter is contrary to the recipients morality and indicating that part of what will be raised will go to charity, offers to share such balance. The following steps will be gathering data and the application of funds.

Some victims are even contacted on the phone by someone who speaks German with Spanish accent.

This fraud has been reported to the Spanish authorities.

Antonio Crespo is a Spanish lawyer who has nothing to do with this fraud.

All identity data entered in that letter are fictitious.

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Vor kurzem haben wir Erfahren, dass jemand den Namen von Antonio Crespo – Rechtsanwalt benutzt, um ein betrügerisches Erbe anzubieten.

Diese Person sendet ein Schreiben, in der Regel ein Fax, das den Nachnamen des Empfängers benutzt. Im Wesentlichen wird angegeben, dass eine Person (mit der gleichen Nationalität des Empfängers des Schreibens), die in Spanien arbeitete in einem Unfall zu Tode kam. Er soll eine nicht unwesentliche Summe in einer Bank hinterlassen haben. Der Absender stellt sich als Anwalt des Verstorbenen vor. Er erklärt, dass wenn er keinen Verwandten des Verstorbenen vorstellen kann die Bank die Summe einfrieren wird.

Nachdem der Betrüger sich entschuldigt, falls das Schreiben im Widerspruch zur Moral vom Empfänger steht und er angibt einen Teil von dem was eingenommen wird einem wohltätigen Zweck zugute kommt, bietet er an diese Summe zu teilen.

Einige Opfer wurden auch telefonisch durch eine Person kontaktiert, die Deutsch mit spanischen Akzent spricht.

Dieser Betrug wurde den spanischen Behörden gemeldet.

Antonio Crespo ist ein spanischer Anwalt, der nichts mit diesem Betrug zu tun hat.

Alle Identitätsdaten in diesem Schreiben sind frei erfunden.