La dichosa mal llamada plusvalía municipal

plusvalía municipal

En el mes de mayo de 2017, la Sentencia del Tribunal Constitucional puso patas arriba la financiación de los ayuntamientos españoles, al considerar inconstitucionales y nulos los art. 107.1, 107.2 y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta sentencia determinaba que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana era contrario a la Constitución siempre que dicho valor no se hubiera incrementado.

A partir de ese momento, muchos contribuyentes que habían presentado autoliquidación del impuesto solicitaron la devolución de ingresos indebidos y algunos ayuntamientos paralizaron el cobro de dicho tributo.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo

Ahora la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, establece que los artículos citados adolecen de “inconstitucionalidad parcial” y determina que las autoliquidaciones de dicho impuesto solo pueden anularse cuando el contribuyente haya probado la existencia de una pérdida de valor. Vuelve a ser el ciudadano de a pie el que tiene la carga de la prueba para evitar en muchas ocasiones un gran desembolso económico.

Por si fuera poco, todo esto se une a los recursos presentados que cuestionan la fórmula que utilizan los ayuntamientos para calcular dicho tributo, y que podría suponer la devolución de hasta el 40% del mismo. Si, lo han leído bien, el programa informático y las instrucciones de cumplimentación del modelo, llevan calculando mal desde no se sabe cuándo la cuota a pagar, y cómo no, siempre en contra del contribuyente.

¿Y con este panorama, que podemos hacer?

Los particulares y empresas que recurrieron el pago de dicho tributo a pesar de haber tenido una ganancia patrimonial, deberán pagar la “plusvalía municipal”.

Para acreditar la inexistencia de la plusvalía el sujeto pasivo puede presentar cualquier medio de prueba. Como siempre dedicación, tiempo y dinero para resolver un derecho que los Tribunales nos conceden.

Cuidado con las pruebas que la Administración puede aportar en contra de las del contribuyente…podemos iniciar unos procesos que se pueden alargar en el tiempo y con costes asociados importantes.

Todo ello tiene como origen una ley mal con consecuencias económicas en muchos casos graves.

Conchita AguilarLinkedin_circulo