El ejecutivo presentó hace unas semanas una enmienda al proyecto de ley que reforma las políticas activas de empleo. Dicha enmienda obligará a las grandes empresas que presenten un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a realizar una aportación económica que se destinará, «total o parcialmente», a financiar el coste del paro de los trabajadores de más edad (mayores de 50 años).
De acuerdo con la enmienda del grupo parlamentario socialista, las empresas de más de 500 trabajadores que hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a la autorización de un ERE -y aún concurriendo las causas económicas, técnicas organizativas o de producción que lo justifiquen- tendrán que hacer «una aportación económica al Tesoro Público» para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Para el cálculo de dicha aportación se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el ERE, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Asimismo, se tendrá en cuenta una escala trazada en función del número de trabajadores de la empresa y el de aquellos mayores de 50 años afectados por el despido colectivo, así como de los beneficios de la empresa, estableciéndose reglamentariamente el procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva la aportación.
La enmienda entraría en vigor antes del verano, ya que se enmarca en un proyecto de ley que se tramita por procedimiento de urgencia, aunque el resto de grupos deberá determinar si da apoyo finalmente a la propuesta del Gobierno. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Valeriano Gómez, titular de Trabajo, quien afirmó que es «razonable, equitativo y justo» que las empresas con beneficios que pretendan ajustar sus plantillas a través de prejubilaciones compensen al Estado.
José Antonio Alonso, portavoz parlamentario del PSOE, aseguró que con esta propuesta se pretende «decir basta» a que estas empresas lleven a cabo ERE de manera «inaceptable». Así, «si alguien quiere jubilar anticipadamente, que lo haga a su exclusivo coste», porque los Expedientes «no están para empresas con beneficios», principalmente porque es la hacienda pública quien paga.
*Arancha Gonzalo es Asesora Laboral en el Área de Asesoría.
