Los empresarios españoles calculan que cada día un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo.
Una vez hecha esta afirmación, es conveniente traducir en cifras esta situación.

La CEOE ( Confederación Española de Organizaciones Empresariales) sitúa el coste del absentismo en el 1,5% del Producto Interior Bruto Español; de todas formas, las ausencias injustificadas se han reducido; en 2009, por primera vez, nos situamos por debajo de la media de absentismo, un 2,1% frente al 2,2%.

En 2010 cada trabajador faltó, de media, 84 horas a su puesto de trabajo por causas esporádicas. Hablando en términos totales, hay que indicar que se pierde el 5,13% de las horas pactadas por convenio, porcentaje que aumenta hasta el 6,2% en el sector industrial y baja al 4,1% en la construcción.

En lo que duración se refiere, más de una cuarta parte de las bajas dura menos de tres días, el 38% de cuatro a quince días y el 11% de 16 a 30 días. En total, el 75% de las bajas dura menos de un mes y únicamente el 1% supera el año.

Conviene hacer referencia a un informe de la patronal de las pymes catalanas (PIMEC) que indica que el absentismo se reduce antes de vacaciones y festivos y se incrementa después de estos días. Señalan también que casi una cuarta parte de las bajas comienza un lunes y se va reduciendo con el transcurso de la semana.

Ante esta situación, es conveniente plantearse tres cuestiones: ¿es sostenible o admisible este nivel de absentismo?; ¿hay alguna solución a esta situación?; ¿qué consecuencias se derivarían de las posibles soluciones propuestas al problema?

Desde mi punto de vista, es insostenible, a pesar de que se haya reducido, las cifras actuales de absentismo laboral y el coste que el mismo supone principalmente para las empresas. En un país como el nuestro, que se encuentra en una situación de crisis, no es posible que el absentismo laboral suponga el 1,5% del PIB español.

¿Posibles soluciones a este problema?, una de las posibles soluciones sería endurecer el sistema de control del absentismo, tanto por parte del Estado, llevando a cabo las reformas laborales necesarias a tal efecto, como por parte de las empresas, haciendo uso del marco legal del que disponen para sancionar las conductas fraudulentas en lo que a absentismo se refiere.

La consecuencia directa de poner coto a esta situación es doble: por un lado, supondría reducir el coste que las ausencias suponen tanto para las empresas como para las arcas públicas y, por otro lado, sería un factor motivador para la gran mayoría de trabajadores honrados que verían que las actitudes fraudulentas son penalizadas.

* David Valladares es Asesor Senior en el Área de Asesoría