Te contamos todo sobre la PRTR

El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR, se configura como un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea. Está orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, así como a transformar la sociedad. Los objetivos de este plan son:

  • Modernizar el tejido productivo.
  • Impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio ambiente.
  • Fomentar la digitalización.
  • Mejorar de las estructuras y recursos destinados a la investigación y formación.

Pues bien, aquellas empresas y organizaciones que quieran optar a la concesión de fondos europeos asociados al PRTR, estarán obligados a contar con un Plan de prevención y detección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.

Este requisito ha sido incorporado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. A través de esta orden se configura el sistema de gestión orientado a:

  • Definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas/inversiones) previstas en los componentes del PRTR.

 

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Tanto las entidades ejecutoras y decisoras como las empresas beneficiarias deberán disponer de un “Plan de medidas antifraude”

¿Qué contempla esta nueva normativa?

La Orden contempla la necesaria adaptación por parte de las Administraciones Públicas a los procedimientos de gestión y el modelo de control establecido por la Comisión Europea. Se debe facilitar la tramitación eficaz de las solicitudes, con la finalidad de hacer efectivas las iniciativas planteadas en el menor tiempo posible.

Tal y como establece el artículo 6 de la citada norma, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un “Plan de medidas antifraude”. Este plan deberá garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables. En particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Esta obligación se ha trasladado igualmente a los perceptores finales de los fondos. Estos deberán contar con Planes de Cumplimiento (Compliance) que deben ir orientados a prevenir y detectar la posible comisión de riesgos penales asociados a fraude, corrupción y conflictos de interés.

Además las empresas beneficiarias deberán realizar una declaración responsable en los términos establecidos en el Anexo IV – C de la Orden:

«Compromiso de contar con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados

 

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Disponer de un Plan efectivo de Compliance requiere contar con un asesoramiento especializado

¿Los planes de Compliance se aplicaban antes del PRTR?

La implantación de estos Planes de Compliance en el ámbito empresarial no es novedosa. Vino determinada por la modificación del Código Penal operada por la Ley 1/2015. Esta ley estableció los requisitos para poder exonerar, o cuando menos atenuar, la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus administradores, directivos o empleados.

Disponer de un Plan efectivo de Compliance requiere contar con un asesoramiento especializado. A través de este se realizará una evaluación de los riesgos penales asociados a la actividad de la empresa. Este proceso ayudará a:

  • Definir las políticas y procedimientos en materia de prevención del fraude y corrupción.
  • Establecer las medidas preventivas y controles que permitan reducir el riesgo de comisión de conductas ilícitas.
  • Detección de posibles conductas sospechosas.

Daniel BlancoLinkedin_circulo