“Do it yourself” para reclamaciones <2.000 €

 

El próximo día 15 de abril entrará en vigor una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil producida por la “Ley 4/2011 de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.”

Esta reforma afecta principalmente a los Juicios Verbal y Monitorio y supone que:
Dejan de ser necesarios Abogado y Procurador para los juicios Verbales cuya cuantía no supere los 2.000 €.
– El Juez podrá proponer al demandante en los monitorios una cuantía inferior a la que figure en su petición.
– Igualmente en las ejecuciones derivadas de procesos monitorios en los que no haya habido oposición, cuando se trate de cuantías inferiores a 2.000 €, tampoco serán necesarios Abogado ni Procurador

Sin perjuicio de la libertad del cliente para actuar por su cuenta en los casos anteriores, aconsejamos que se siga contando con estos profesionales, que sabrán adaptar sus honorarios a la entidad de la reclamación, pues no corren tiempos en los que sea aconsejable aventurarse por cuenta propia en la Administración de Justicia.

Haciendo un símil de las nuevas medidas con el mundo médico, podríamos hablar de automedicarse cuando la fiebre no supere los 38º C, siendo obligatoria la asistencia al médico cuando sea de 38,01º C o superior.

A nadie escapa que no es la cuantía de lo reclamado sino la reclamación en sí misma lo que determina la dificultad y en consecuencia la necesidad de la intervención de profesionales.
En definitiva el concepto “do it your self” no es muy recomendable en esta materia llena de complejidades, en donde la experiencia, como no, es un grado.

* Antonio Crespo es Gerente de Audalia Abogados

La Responsabilidad del Asesor Fiscal

Todos los que nos dedicamos a esta profesión sabemos que ésta es sin duda una profesión tremendamente exigente. El permanente sometimiento a los plazos, el trato diario con el cliente, que muchas veces supone llevarse el problema a casa, los continuos cambios legislativos,  convierte al asesor fiscal en un profesional de alto riesgo.

A todo esto hay que añadir la responsabilidad que el asesor  fiscal asume por imperativo legal en los ámbitos penal, civil y tributario.

Esta sobrecarga de responsabilidad está generando gran preocupación entre los profesionales de nuestro colectivo, que vemos cada vez más necesaria una regulación que delimite claramente nuestras funciones y responsabilidad, regulación de la que hasta la fecha se carece.

* Marta González es Gerente del Área de Asesoría